8 de enero: para enfrentar a los golpistas y a la ultraderecha, sólo con una política de independencia de clase

El lunes 8 de enero se cumplió exactamente un año del intento de golpe orquestado por los bolsonaristas. Después de 12 meses, con el conjunto de hechos saliendo a la luz, el objetivo detrás de ese movimiento es bastante evidente. Al contrario de lo que dicen Bolsonaro y el bolsonarismo, no fue un movimiento “espontáneo”, fruto de una supuesta indignación por su derrota en las urnas. Por el contrario, fue el resultado de un proyecto y un proceso de ataque y amenaza a las libertades democráticas, con el objetivo de revertir el resultado electoral, hacer retornar a la extrema derecha al poder, e imponer un régimen autoritario.

Por: Redacción de Opinión Socialista

Los actos de depredación, así como la serie de cierres de carreteras en los meses anteriores, el ataque a la sede de la Policía Federal en diciembre y el frustrado ataque terrorista en el aeropuerto de Brasilia, tuvieron como objetivo instigar un clima reaccionario, de conflagración social, a favor de una dictadura. El objetivo declarado era impulsar el decreto de una GLO (Garantía de Ley y Orden), creando las condiciones para que el comando de las Fuerzas Armadas se encontrara en condiciones de imponer la que era la principal demanda del movimiento: la intervención federal, o, en buen portugués, un golpe militar, con Bolsonaro presidente.

Sin embargo, los indicios de que el bolsonarismo, derrotado en las elecciones, podría llegar a algo como lo ocurrido en el Capitolio en Estados Unidos ya habían aparecido mucho antes. Basta recordar el acto frente al Supremo Tribunal Federal (STF), allá por marzo de 2020, cuando el presidente y su entorno denunciaron las investigaciones contra él y su familia y, ironía de las ironías, atacaban al Centrão [grupo parlamentario de centro-derecha]. Continuaron en los años siguientes durante todo el mandato, elevando la temperatura durante el período electoral, como en la esdrújula reunión con los embajadores en la que Bolsonaro, en desventaja en los sondeos electorales, alertaba sobre un posible fraude en las elecciones en caso de derrota.

La acción descaradamente golpista de la Policía Federal de Caminos durante la votación y el “borrador del golpe” encontrado en la residencia de Anderson Torres no dejaron mayores dudas sobre lo que estaba planeando esta banda encaramada en el poder. Era poco probable que el golpe tuviera éxito. En aquel momento, a diferencia de 1964, la mayoría del imperialismo norteamericano y europeo estaba en contra de algo así, como tmbién la mayoría de la clase dominante brasileña. Pero un intento de golpe era probable, ya que contaba con el apoyo de un sector de la burguesía, del propio Trump, y de sectores no despreciables de las Fuerzas Armadas.

Impunidad una vez más

Si después de un año el intento de golpe del 8 de enero de 2023 y su larga preparación son evidentes, también es obvio que hubo coordinación desde arriba, una dirección, y unos autores intelectuales, empezando por Bolsonaro e innumerables miembros de la ceupula y Comando de las Fuerzas Armadas. Pero, si los peces pequeños atraídos por el golpismo fueron arrestados y reciben sentencias elevadas y ejemplares en el STF, aquellos que realmente lideraron el movimiento continúan libres, ligeros y sueltos. Empezando por el propio Bolsonaro.

Otros peces gordos que contribuyeron y fueron parte del acto golpista siguen en libertad, como el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), quien fue suspendido de su cargo por 90 días, pero regresó a este. La participación de su PM en el 8J fue clara, pero sólo Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro y por entonces secretario de Seguridad en el Distrito Federal, fue arrestado el 14 de enero, pero ahora también está libre.

Gonçalves Dias, general retirado y entonces ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República (GSI), también permanece impune. Imágenes del circuito de seguridad interno del Palacio del Planalto incluso mostraron al ministro en el lugar mientras agentes del organismo colaboraban con los bolsonaristas.

En cuanto a los financistas, en septiembre la PF ejecutó 53 órdenes de allanamiento e incautación. El principal objetivo fueron las personas que financiaron los autobuses que transportaban a los golpistas a Brasilia. Sin embargo, hasta el momento sólo un empresario, acusado por el Ministerio Público Federal (MPF) de fletar 4 autobuses, ha sido acusado formalmente. Y estos siguen siendo los peces más pequeños. Los propietarios de las grandes sumas de dinero que apoyaron los cortes de carreteras y los meses de campamentos en los cuarteles, que reunieron a decenas de miles de personas, ni siquiera fueron nombrados.

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El acto por el 8J no combate el golpismo

El 8 de enero de 2024, el gobierno de Lula y la dirección del PT, la CUT y otros partidos de izquierda convocaron un acto contra el intento de golpe del año pasado. Sin embargo, lejos de significar un verdadero rechazo y la orientación de una política contraria y de enfrentamiento consecuente con los golpistas, el acto denominado “democracia” apuesta a la conciliación con el comando militar y los sectores golpistas que apuestan al cierre del régimen. Y que volverán a seguir este camino en cuanto tengan la oportunidad.

El PSTU, que rápidamente convocó un acto contra el golpismo de 2023, en unidad de acción con el PT y todos los dispuestos a derrotarlo, colocándose en la primera línea frente a la ultraderecha, no está presente en estos actos liderados por el gobierno Lula, el STF y el Congreso Nacional. Esto se debe a que los actos no enfrentan a los golpistas de manera consecuente, sino que, por el contrario, van hacia la conciliación y la amnistía a los golpistas.

Este recauchutado discurso de la conciliación fue el que marcó la tónica durante el período de transición de la dictadura militar, y la cobardía en enfrentar a los golpistas heredó excrecencias como el artículo 142, que deja espacio para que los militares actúen como “poder moderador”. Así como la absoluta impunidad de los asesinos y torturadores de ese período, y la propia estructura y práctica cotidiana de la Policía Militar, que reproduce diariamente la tortura y ejecuciones sumarias en las periferias contra la juventud pobre y negra.

Para combatir verdaderamente a los golpistas es necesario enfrentar, investigar y sancionar a los golpistas, desde los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y no, como hace Lula, colocar a su representante al frente del Ministerio de Defensa. El propio ministro José Múcio repite a quien quiera oír que él es y actúa como representante de los militares en el gobierno. En el mismo sentido, es necesario enterrar de una vez por todas el artículo 142. Es necesario actuar para desmilitarizar las Policías Militares, y no reforzar su carácter militar, reproduciendo incluso órganos de la dictadura, como la recientemente Ley Orgánica de las Policías Militares aprobada por Lula.

El acto del 8J de este año, en nombre de la “democracia”, es decir, de esta democracia de los ricos, apuesta, por el contrario, a la conciliación con los militares y sectores golpistas, incluido el propio centrão, con Arthur Lira como su máximo representante. Además de ser sectores que estuvieron al lado de Bolsonaro, apoyando y sosteniendo su proyecto de dictadura, son representantes de la extrema derecha que, en el último mes, encabezaron un verdadero ataque contra los trabajadores, votando el Marco Temporal contra los indígenas, ampliando las exenciones de miles de millones de dólares a las grandes empresas, y apoyando el marco fiscal que retira dinero de los servicios públicos para dárselo a los banqueros.

En otras palabras, esta política de gobernar con y para la burguesía, el agronegocio, las grandes empresas y los banqueros, junto con el centrão, además de compartir el poder con los sectores golpistas, avanza a profundizar las mismas condiciones que fomentaron en aquel entonces el bolsonarismo, y crearon las condiciones para que llegasen a la Presidencia, se apoderasen de gran parte del Congreso Nacional y asumiesen el mando en diversos Estados, incluido el principal de ellos, que es São Paulo.

El aniversario del 8 de enero refuerza, así, la necesidad de una oposición de izquierda, que pueda ser, a los ojos de la clase trabajadora, de la mayoría pobre de la población y sus sectores más oprimidos, como los negros, los indígenas, LGBTI y mujeres, una alternativa realmente antisistema.

Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 8/1/2024.-

Traducción: Natalia Estrada.